LA EMPRESA: AGENTE ECONÓMICO

En su origen, las cuestiones sociales o medioambientales no se tenían en cuenta en la ciencia económica, o tenían un carácter secundario o muy difuminado. Sin embargo, en la actualidad, existe un gran interés por el estudio de la relación empresa–sociedad, originado por la creciente preocupación por conservar el medio ambiente y por el impacto social de las empresas, que ha reabierto, con gran fuerza, el debate académico sobre la necesidad de la responsabilidad social de la empresa (RSE) o responsabilidad social corporativa (RSC).

Este debate ha generado diferentes corrientes de pensamiento económico sobre los objetivos y responsabilidades que la empresa debería asumir.  Así, destaca especialmente la divergencia entre:

El modelo económico clásico o shareholder (Friedman, 1966, 1970; Jensen y Meckling, 1976; Rappaport, 1986; Jensen, 2001; Salas, 2005) muestra una oposición a incrementar la responsabilidad social de la empresa más allá de lo que representa cumplir con su función económica de producción y distribución de rentas. Este modelo entiende a la empresa como un nexo de contratos entre diferentes agentes, donde los accionistas son el agente principal, pues poseen un recurso escaso y estratégico para la empresa, como es el capital, por lo que tienen derecho a controlar en exclusiva el Consejo de Administración y derecho a supervisar las acciones de la dirección para lograr que la compañía no se desvíe del objetivo general de crear valor a favor de los propietarios de la empresa, objetivo que por sí mismo repercute en el bienestar de la sociedad, dentro de los márgenes establecidos por la Ley. El modelo subraya el individualismo de los agentes económicos y la imposibilidad de la cooperación, pues supone que todos los individuos se comportan racionalmente maximizando el interés propio, por  lo que las conductas altruistas vinculadas a los comportamientos socialmente responsables no tienen cabida ya que irían en contra de la racionalidad económica provocando problemas de eficiencia (Ghoshal, 2005) y, en consecuencia, empeorarían la performance financiera de la empresa.

Sin embargo, la aparición de la teoría relacional (Morgan y Hunt, 1994) supone un cambio significativo en la concepción de la empresa, dando lugar al modelo socieconómico o stakeholder   (Carroll, 1979, 1989, 1991; Freeman, 1984; Wood, 1994; Donaldson y Preston, 1995; Mitchell et al., 1997; Friedman y Miles, 2002; Phillips, 2003). Dicha teoría se encaminar a transformar la visión estrecha del carácter transaccional existente en una perspectiva más amplia encaminada a construir relaciones sostenibles con la sociedad. Para ello, la empresa debe atender adecuada y equilibradamente a sus diferentes grupos de interés o partícipes (stakeholders) porque de todos ellos obtiene un recurso básico (tangible o intangible) para el óptimo desarrollo de su actividad: capital de los accionistas, ingresos de los clientes, suministros de  los proveedores, fuerza de trabajo, talento, motivación e integración de los empleados, licencia para operar de los reguladores, y aceptación y reputación de la sociedad.

Asimismo, en la medida que la empresa emplea recursos sobre los que no tiene derechos de propiedad, o éstos no son claros, podrá encontrarse con la necesidad de otorgar a sus propietarios un buen trato diferenciado si desea conseguir estos recursos en las mejores condiciones de cantidad, disponibilidad y coste, o seguir disponiendo de ellos (Moreno, 2006).

En conclusión, el modelo socioeconómico de empresa considera que las empresas crean valor para el accionista a través del adecuado gobierno de las relaciones con el conjunto de stakeholders, lo cual no discute la primacía del capital como input fundamental de la empresa, pero pone en evidencia el carácter abierto a la sociedad de la institución empresarial (Balaguer, 2006). Así, los autores que sustentan este nuevo modelo (Carroll, 1979; Freeman, 1984; Wood, 1994) afirman que si la empresa no considera las necesidades de los distintos grupos de interés o stakeholders, habrá un efecto negativo sobre su performance financiera y sobre la rentabilidad de los accionistas. Este nuevo enfoque supone pues que los aspectos sociales son inseparables de los económicos y que a la vez, ayudan a mejorar la competitividad de la empresa (Drucker, 1984; Porter y Kramer, 2002).